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Profesora de Derecho UV: “El Covid-19 ha mostrado y multiplicado los efectos dañinos de la pandemia carcelaria”

¿Cómo viven las personas privadas de libertad la crisis sanitaria por el Covid-19, especialmente las mujeres? La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso Marcela Aedo aborda ésta y otras interrogantes en el trabajo “Cárcel, pandemia y mujeres privadas de libertad: algunas reflexiones desde la experiencia en Chile” incluido en el libro “Pandemia. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempos de coronavirus)”, editado por el director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, Iñaki Rivera.

El texto detalla las condiciones en las cárceles chilenas, especialmente en tiempos de coronavirus, abundando más que nunca el hacinamiento, los castigos, la violencia, y el limitado acceso a agua y salud. En base a esta y otras investigaciones, analiza y reflexiona sobre la cárcel y la situación actual.

“El aumento de la población penitenciaria por encima del incremento de la población general caracteriza a la cárcel como un espacio violento que vulnera cotidianamente los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, y el Covid-19 no ha hecho sino mostrar y multiplicar los efectos perniciosos de la pandemia carcelaria”, contextualizó.

En base a informes de la Corte Suprema y del INDH, explicó: “Las condiciones de vida de las personas privadas de libertad en Chile son precarias e indignas: hacinamiento, limitado acceso a salud y dificultades para un adecuado acceso al agua. En un contexto de estas características, tal como lo ha señalado la fiscal de la Corte Suprema Lya Cabello, la cárcel es una ‘bomba de tiempo”.

Explicó que “la población privada de libertad es de los grupos con mayor exposición al contagio y potencialmente más perjudicado por la pandemia y otras enfermedades infectocontagiosas. Su permanente contacto en hacinamiento y el constante ingreso de internos y personas eventualmente portadoras aumenta el riesgo y genera condiciones para la propagación, poniendo en peligro la salud de las personas que cumplen castigo y la del personal de custodia”.

Medidas del Gobierno en contexto de coronavirus

Respecto a las medidas estatales -como protocolos sanitarios de Gendarmería y el indulto conmutativo publicado el 16 de abril- señaló: “Se han desplegado importantes esfuerzos que con hacinamiento no tienen mayor impacto. Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública debiesen coordinar estrategias para limitar el uso de la prisión preventiva. El contexto de Covid-19 aumenta la intensidad del castigo y de la medida cautelar, y debiese ser considerado como un nuevo antecedente para revisar la prisión preventiva. Deben aprobarse leyes que permitan la suspensión de pena privativa de libertad, por ejemplo, para mujeres que tienen hijo/as menores”.

“Desplazar reclusos tampoco es una medida adecuada, ya que se ha hecho en condiciones poco humanitarias y generado un problema de salud pública al exponer a personas privadas de libertad, el resto de la población penal y funcionarios de Gendarmería a contagios que se podrían evitar de no persistir estos traslados, los cuales además son una forma de castigo, ya que las personas son alejadas de sus familias, quienes muchas veces desconocen su destino. Esto atenta contra el deber estatal de garantizar el derecho a salud a las personas dentro de su jurisdicción, sin discriminación, según estándares e instrumentos interamericanos e internacionales de DDHH”, explicó.

Covid-19 y cárcel desde el análisis de género

La docente se basa en estudios que señalan que el encarcelamiento suele empeorar las condiciones de exclusión, estigma y pobreza con las que las personas entraron a la cárcel, lo que, sumado a la discriminación y antecedentes penales, “dificultan las posibilidades de encontrar después un trabajo lícito, generando un círculo vicioso de pobreza, mercados de drogas y encarcelamiento. Existe poca presencia del Estado para enfrentar la desigualdad, pobreza y estigma en Latinoamérica”.

“Según datos de Gendarmería, las mujeres privadas de libertad corresponden al 7,7%, minoría que históricamente ha sido invisibilizada en el sistema penitenciario ya que la cárcel como institución fue diseñada con visión masculina y el encarcelamiento de mujeres tiene impactos económicos y sociales. Cerca del 90% tiene hijo/as menores -muchos a su cuidado-, son jefas de familias monomarentales, han sido víctimas de violencia de género, provienen de hogares con altos niveles de marginación socioeconómica y sufren de abandono de sus redes de apoyo”, añadió.

Indicó que “las precariedades en privación de libertad se refuerzan, la administración penitenciaria no ha hecho una estrategia específica y las mujeres han denunciado el abandono y los riesgos de la pandemia sanitaria en sus vidas y de sus hijos/as. El Poder Judicial ha recogido limitadamente la necesidad de utilizar el enfoque de género, recurriendo para ello al derecho internacional de los DDHH, y esto es indispensable en un país que no cuenta con ley ni juez de ejecución. Las mujeres encarceladas deben ser grupo prioritario en casos de crisis como la pandemia del Covid-19, lo que requiere de estados que garanticen su atención sanitaria, respeto a los Derechos Humanos, implementación de medidas de excarcelación y estrategias de reinserción social”.

“En situación de crisis sanitaria y económica, el presente y el futuro de la vida precaria de mujeres y hombres que habitan el espacio carcelario es incierto y poco alentador, pero nos aventuramos esperanzadamente a creer que este contexto de dolor e incertidumbre nos abra la posibilidad de insistir en las estrategias de superación de la institución carcelaria”, puntualizó.

Explicó que estudios concluyen que la cárcel no es “la solución” a la delincuencia, y que cree necesario “hacer una profunda reflexión sobre la cárcel como pena y medida cautelar (prisión preventiva). Hay que pensar en estrategias de largo y corto plazo, y diseñar sanciones que focalicen su intervención en una real reinserción, lo que debe acompañarse de políticas públicas que garanticen un adecuado acceso a derechos básicos, como salud, educación y vivienda. Crear nuevos delitos y elevar las penas no es sinónimo de mayor seguridad, hay que racionalizar el uso del derecho penal”.

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