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Diputado Marcelo Díaz propone que malas constructoras sean eliminadas del Registro del Minvu

El diputado socialista Marcelo Díaz solicitó al ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Cristián Monckeberg, evaluar la posibilidad de establecer duras sanciones a aquellas empresas que no cumplan con los estándares mínimos de edificación, como la eliminación permanente del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales, ello ante las denuncias ciudadanas que el parlamentario ha recibido en su primer periodo de gestión, especialmente de familias que se radicaron en Placilla mediante subsidios del Serviu, luego de que estas perdieran sus casas en el megaincendio que afectó a Valparaíso el 12 y 13 de abril de 2014, y que hoy afirman que sus propiedades presentan serios daños de diseño.

“Recientemente envié al ministro del Minvu un oficio en el que planteo dos puntos que me parecen importantes de abordar, y que no solo tienen que ver con mi distrito (el siete) sino que involucran a todo el país”, expresó el legislador.

En ese contexto aseveró que “en Valparaíso tenemos varios edificios de condominios sociales construidos por empresas cuyos nombres no tengo a disposición que han presentado severas deficiencias”.

Problemas de Filtración

Agregó que “me refiero principalmente a viviendas que se construyeron en Placilla después del megaincendio de Valparaíso, en donde hoy residen muchos de esos damnificados que obtuvieron subsidios del Serviu, quienes al poco tiempo comenzaron a denunciar que sus nuevos departamentos evidenciaban problemas graves de construcción tales como presencia de termitas, filtración de humedad, etcétera”.

“Por lo tanto –aseveró Marcelo Díaz– pido al ministro Cristián Monckeberg que evalúe y examine cómo establecer una sanción que consista en la eliminación permanente del Registro Nacional de Constructores de Viviendas Sociales a los malos contratistas, evitando que, mediante el cambio de su razón social, sigan construyendo viviendas sociales de mala calidad, que no dan cuenta del estándar que las políticas públicas han previsto para este tipo de edificaciones, afectando con ello la dignidad y derechos de los vecinos y las vecinas de Valparaíso, Viña del Mar, San Antonio o de cualquier otra comuna de nuestro país”.

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