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Diputado Marcelo Díaz: Crisis en la pesca y salud en la provincia fueron señales claras del descontento social

El diputado por el Distrito 7, Marcelo Díaz (PS), afirma que “este profundo sentimiento de malestar social que recorre Chile” se compone cambiando la Constitución, que la ciudadanía no quiere “soluciones de parche” y que es probable construir una sociedad más justa, cambiando el actual modelo económico “que tiene todo privatizado”.

“La provincia de San Antonio no está ajena a esta crisis, el mismo pesar que viven cientos de miles de familias en Chile que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes. Jubilados que viven con pensiones miserables, personas que viven luchando por tener acceso a la salud”, expresa el parlamentario socialista.

Agrega que “recordemos la lucha que dio la comunidad de San Antonio para poder contar con un hospital. La demanda, por ejemplo, manifestada por la gente de las comunas de El Quisco, de Algarrobo, que no tiene un centro donde hacerse una radiografía y tiene ir a San Antonio, a Valparaíso o a Viña del Mar. Es decir, hemos construido un país donde para poder acceder a las cuestiones más básicas depende de la capacidad del tamaño de tu bolsillo y no de tu condición de ciudadano”.

“Por lo tanto, yo creo que la movilización social, la movilización ciudadana en San Antonio, está íntimamente vinculada a este profundo sentimiento de malestar que recorre el país, y que se expresa en un anhelo: el cambio de un modelo donde todo está privatizado, donde se mide todo de acuerdo a tu capacidad de ingreso. Donde alguien tiene derecho a una buena educación, a una buena salud, si tienes más dinero, más recursos. De lo contrario estás obligado a aceptar lo que te ofrece el Estado. Y como es un Estado pequeño, un Estado sin capacidad suficiente, porque la Constitución impide tener uno con capacidades de garantizar derechos (…) Por eso para mí es tan potente esa consigna que dice que no son 30 pesos sino 30 años”, anota.

Díaz cree que “lo que está en cuestión, en definitiva, es el modelo económico implantando por esta Constitución. Es importante que los ciudadanos comprendan que la Constitución y sus leyes orgánicas, las que están amarradas a dos tercio, a dos quinto, quórums que ninguna coalición ha tenido desde el retorno de la democracia, son los verdaderos obstáculos para poder construir un sistema de derechos sociales garantizados”.

AFP

En ese contexto el diputado asevera que “el anhelo de los chilenos es sustituir el modelo de las AFP por uno distinto, de carácter solidario, mixto, tripartito, por lo que hay que modificar leyes orgánicas que requieren quórums altísimos que nadie está en condiciones de garantizar por sí solos. Hay que modificar la Constitución si queremos, por ejemplo, que el Estado juegue un rol más activo en la economía, de tal modo de poder apoyar el desarrollo productivo de las regiones. Un ejemplo muy concreto: la pesca artesanal de San Antonio, pues a pesar del impacto que tiene, si uno revisa la asignación de fondo que el Estado le entrega a la pesca artesanal de San Antonio, esta es ínfima comparada con los recursos asignados a otros sectores de la Región de Valparaíso; y ni hablar de los que se entregan a otras regiones”.

“Es decir —añade el diputado— las reglas del juego, que están inscritas en la Constitución, impiden que el Estado haga lo que tiene que hacer, que es asegurar pisos mínimos de bienestar social dignos para todos los chilenos en materia de salud, de pensión, de seguridad, de educación, de vivienda, de cobertura frente al desempleo; e incluso, uno lo puede notar, como quedó en evidencia hace unos días, que hasta en la distribución de las fuerzas policiales para mantener la tranquilidad, la seguridad pública, la seguridad ciudadana, también es desigual: que las comunas más ricas tienen más asignación de efectivos policiales que en las comunas más pobres, donde hay más hechos de delitos”.

“En rigor, lo que se derrumbó, a mi juicio, con esta movilización social, es un modelo que perpetuaron las inequidades, las desigualdades, porque ponía el acento en la capacidad de compra de derechos y no en los derechos que debiese tener cualquiera, por el solo hecho de vivir en este país”, expone.

Caso Maersk 

Marcelo Díaz recuerda que “la experiencia del cierre de la empresa de contendedores Maersk da cuenta de lo que digo; es decir, una fábrica que recibe facilidades para instalarse en Chile, que hace compromisos y que luego no cumple. Que de un día para otro se retira y que la única capacidad de respuesta que tiene el Estado es un plan de emergencia, un plan de contingencia, y no una propuesta de desarrollo estructural”.

“El mismo hecho —prosigue— que los concesionarios puedan, valga la redundancia, vender sus concesiones, como ocurrió con Puerto Central. Es como si los recursos que nos pertenece a todos los chilenos hubiesen sido entregados a terceros, supuestamente para que los administraran y posteriormente llegaran los beneficios de vuelta… sin embargo eso no sucede. Miren las ganancias de las AFP: 500 millones de dólares. Si uno mira la ganancia de la banca, siempre hay una parte muy minoritaria del país que se lleva la parte del león y la inmensa mayoría termina recibiendo lo que queda”.

“Así no se construye ninguna sociedad digna de ser respetada ni valorada. Entonces creo que hoy se abre una oportunidad en la medida en que todos entendamos que los chilenos nos piden un cambio de modelo y no medidas de parche. Por eso es que si bien la agenda corta que envió el Presidente con algunas medidas sociales tienen algún valor, y nosotros vamos a apoyar algunas medidas que son importantes, urgentes, otras vamos a tener que evaluar”, determina.

El diputado PS promueve dos medidas importantes para mejorar las actuales condiciones sociales y económicas del país. “Primero, una reforma tributaria para establecer ojalá un nuevo royalty a la minería, un impuesto a los súper ricos y aumentar el pago de los impuestos de quienes más ganan. Con esos nuevos recursos, impulsar una nueva agenda social más potente. Que, por ejemplo, eleven las pensiones hasta el límite de la pobreza, es decir, que nadie tenga una pensión que esté bajo el límite de la pobreza, que el sueldo mínimo no esté bajo el límite de la pobreza. Que nos permita entregarles a los hospitales, a los consultorios, los recursos suficientes para poder acortar, de verdad, la lista de espera mediante la vía de contar con más médicos, con más equipamiento, con más camas, etcétera”.

“Está claro que las mayorías sociales y ciudadanas en Chile están pidiendo a gritos un cambio de modelo para tener una sociedad más justa, más solidaria. Todos sabemos que es imposible construir del día a la noche el Paraíso en la Tierra, pero al menos empezar a asegurar pisos mínimos de dignidad en todos los campos sociales, cuya obligación le corresponde al Estado”, concluye.

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