Core pide a Contraloría despejar retraso en transferencia de competencias a Gobierno Regional

Malestar e inquietud existe al interior del Consejo Regional de Valparaíso (CORE) luego de los meses que han transcurrido sin concretarse el traspaso de competencias decretado por Ley. Se trata de 15 nuevas facultades que pasarán directamente a los Gobiernos Regionales y que antes pertenecían a 4 ministerios: Economía, Vivienda, Desarrollo Social y Transportes. Si bien se trata de competencias que tendrán los futuros gobernadores regionales, en la práctica son los Gobiernos Regionales quienes deberán trabajar concretamente en dichas tareas.

Como aún no se concreta el traspaso de facultades, el Core pidió a Contraloría un pronunciamiento sobre el retraso y explicaciones por la lentitud en la entrada en vigencia, tal como lo señaló el consejero regional, Manuel Millones. “Es importante despejar por qué tanto retraso si ya están transferidas las competencias y se publicaron en el diario oficial. Los servicios públicos que tuvieron que traspasar las responsabilidades a los Gobiernos Regionales, debieran inhibirse de tomar decisiones sobre las materias entregadas por ley a los gobiernos regionales, porque ya no tienen esas facultades y podríamos tener una colisión entre las instituciones y afectar a los usuarios. El Presidente del Consejo Regional, Juan Arriagada, envió un oficio a Contraloría, recogiendo la inquietud de diversos consejeros regionales de Valparaíso”.

Millones agregó que de todas formas el Intendente ya debería estar preparando las nuevas divisiones, equipos y recursos humanos para poder hacerse cargo de las nuevas responsabilidades.

Entre las nuevas competencias, que se enmarcan en la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, destacan la modificación de la estructura administrativa de los gobiernos regionales, creando tres nuevas divisiones: Fomento Productivo e Industria; Desarrollo Social y Humano, e Infraestructura y Transporte; se crea el cargo de Administrador Regional y una Unidad de Control; establece selección vía alta dirección pública de los Jefes de División; los gobiernos regionales podrán administrar áreas metropolitanas en aquellas conurbaciones que sumen más de 250 mil habitantes, administrando temas comunes como movilidad urbana, transporte público y disposición de basura domiciliaria; fortalece las facultades de fiscalización del Consejo Regional; confiere a los gobiernos regionales la facultad de elaborar y aprobar un Plan Regional de Ordenamiento Territorial, con carácter vinculante; y de proponer un proyecto de zonificación del borde costero de la región al Ministerio de Defensa, entre otras.