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La Superintendencia de Salud emitió el informe con los resultados financieros oficiales del Sistema Isapre del año 2015. Las ganancias del sistema fueron de $37.244.016.000. En el periodo se registró una baja de un 37,8% en relación al año anterior. Sin embargo se logra desprender que las cifras en promedio se mantienen a niveles similares de años anteriores.
La agente zonal de Valparaíso, Cecilia Farías, recalcó que las cifras expresan que hubo una baja en la rentabilidad en comparación al 2014, pero destacó que “dentro del promedio registran sumas similares a las de los años 2008 y 2013, y superiores a las del 2007 y 2009. Esto no implica una crisis del sistema, sino que da cuenta de un funcionamiento normal del sistema”.
Según el informe las utilidades por Isapres abiertas fueron los siguientes:
Banmédica $10.146.227.000
Consalud $1.918.437.000
Colmena $7.262.655.000
Cruz Blanca $3.783.479.000
Más Vida $5.768.473.000
Óptima $902.345.000
Vida Tres $7.572.089.000
A su vez las Isapres Cerradas arrojaron las siguientes utilidades:
Chuquicamata $182.958.000
Cruz del Norte $31.323.000
Fundación: $ -592.471.000
Fusat $153.844.000.
Río Blanco $107.551.000
San Lorenzo $7.107.000
El informe también reveló que los gastos de administración aumentaron en relación al año anterior. La autoridad regional recalcó que “solo el 8% del total de los gastos representa al ítem de administración y ventas. De todos modos existe un esfuerzo del sector regulado en poner énfasis en la discusión de la judicialización, que corresponde a gastos que no pueden controlar. En opinión de la Superintendencia, gestionar prestaciones para los beneficiaros en las mejores condiciones posibles en calidad y precio, constituiría una mejor opción”.
Cecilia Farías destacó que la Superintendencia de Salud sostiene que del informe se desprende que “hay un problema que es la judicialización, síntoma de un cuestión mayor cuyo fondo es el actual marco regulatorio. También tiene relación con la manera sistemática que han tenido las Isapres al subir los precios de sus planes desde hace varios años. Claramente existe un desafío regulatorio, que debe hacerse cargo de los problemas de desconfianza generados en relación a los procesos de adecuación anual de precios”.
