Superintendencia de Educación de Valparaíso inicia programa de fiscalización para garantizar buen uso de subvención de integración escolar

Como parte de su rol fiscalizador, la Superintendencia de Educación de Valparaíso inició su programa de fiscalización de subvención PIE, el cual contempla examinar el cumplimiento de la normativa relativa al Programa de Integración escolar (PIE), en lo que respecta al correcto uso de los recursos y la correcta imputación de los gastos durante los años 2020, 2021 y 2022.

El PIE es una estrategia inclusiva del sistema educacional, que tiene el propósito de contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la educación, favoreciendo los aprendizajes en la sala de clases y la participación de todos y cada uno de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Reinaldo Orellana, director de la Superintendencia de Educación de Valparaíso, se refirió respecto al programa señalando “Como Superintendencia tenemos la misión de fiscalizar y resguardar el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la educación de nuestras niñas, niños y adolescentes, misión que reforzamos aún más cuando se trata de los recursos destinados a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Velaremos para que cada peso que reciban los establecimientos sea utilizado directamente en el desarrollo y apoyo en la educación de los y las estudiantes”.

El Programa de Integración Escolar se constituye en un conjunto de recursos y apoyos para los establecimientos educacionales, que en el aula se traducen en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos humanos especializados, capacitación para los docentes y materiales educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Todos estos apoyos deben estar centrados en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco de las bases curriculares y de la flexibilidad y diversificación de la enseñanza, que algunos estudiantes pudieran requerir durante su trayectoria escolar.

En caso de detectarse una situación constitutiva de incumplimiento a la normativa en la legalidad del uso de recursos, los establecimientos, además de restituir la subvención recibida, se arriesgan a una sanción monetaria.