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En la Comisión de Recursos Hídricos del Senado se resolverán el martes 16 de mayo algunos de los más controversiales aspectos de la reforma al Código de Aguas. Entre ellos, el derecho de las empresas mineras a utilizar los caudales que afloren durante sus exploraciones y faenas, sin informar ni pedir autorización a la autoridad. Esta indicación fue presentada por el Ejecutivo, como parte de un paquete de medidas para dar señales al gran empresariado.
Esta materia generó una amplia discusión durante su tramitación en la Cámara de Diputados, llegando a un momento crítico cuando en la votación en la Comisión de Recursos Hídricos el ex diputado Jorge Insunza (PPD) se alineó con la derecha para mantener este privilegio. Aunque el tema fue posteriormente repuesto, el comportamiento del legislador fue uno de los posteriormente que motivó su salida del Ministerio Secretaría General de Gobierno al comprobarse que en paralelo a su gestión parlamentaria, durante la cual apoyó proyectos pro minería, vendía informes a Antofagasta Minerals, de Andrónico Luksic.
En esta ocasión serán los senadores Adriana Muñoz (PPD, quien preside la comisión), Víctor Pérez (UDI), Jorge Pizarro (DC), Isabel Allende (PS) y Francisco Chahuan (RN), quienes deberán resolver si mantienen o no la obligación de la minería de informar las aguas halladas y pedir autorización para su uso.
Ese día también se abordará la temporalidad de 30 años como máximo para el otorgamiento de los nuevos derechos de agua (la semana pasada se volvió a esta figura, desechando la de concesiones), además de establecer las causales para denegar la prórroga de estos. Un elemento clave será si se le dará atribuciones a la autoridad para rechazar la renovación en el caso que el titular diera al agua un uso distinto al autorizado. El gobierno está planteando que esta no sea una causal válida, lo cual dejaría sin atribuciones al Estado para asegurar que los recursos hídricos sean utilizados según lo solicitado, precarizando el espíritu que apunta a la prioridad del consumo humano y saneamiento, actividades productivas de subsistencia y preservación de los ecosistemas, por sobre el lucro privado.
En la ocasión además se verá la ampliación de 4 a 5 (en el de los consuntivos) y de 8 a 10 (en el de los no consuntivos), los años de plazo máximo autorizados de no utilización de los derechos de agua antes de ser sometidos a caducidad por la autoridad. Esta es una de las principales batallas ideológicas que se ha dado en torno al sentido propietarista del actual Código de Aguas, ya que desde la derecha y el gran empresariado plantean que estos incluso debieran ser perpetuos.
