Parlamentarios de la región de Valparaíso emplazan a Conaf a cumplir con la ley y a “ frenar depredadora acción de inmobiliarias en contra de bosque nativo en Quilpué”

Los diputados de la región de Valparaíso, Daniel Verdessi (DC), Diego Ibáñez (FA) y Andrés Longton (RN), junto a los dirigentes de la agrupación Paso Hondo Nativo, emplazaron hoy a Conaf a cumplir con la ley vigente y a frenar “la depredadora acción de inmobiliarias que están arrasando con bosques nativos en la comuna de Quilpué”, una zona considerada el pulmón verde de la región de Valparaíso.

Lo anterior, debido a los proyectos que impulsan estas empresas y que han implicado, pese a los recursos judiciales presentados y a la protesta de la ciudadanía, la tala de flora nativa, “lo que está provocando un daño irreparable”.

En la Cámara de Diputados, hoy el diputado DC Daniel Verdessi insistió en el rol de Conaf y aseguró que las empresas han actuado al margen de la ley, engañando a las instituciones. “Se han presentado recursos porque la empresa obtuvo los permisos a través de informes falsos a Conaf. Hemos hablado con el director nacional para explicar que el terreno no cumple con los preceptos para ser aprobado, como problemas de pendientes y la presencia de flora y fauna que está con protección. El director ha tomado en cuenta los antecedentes y esperamos la urgente suspensión de los permisos ya que se obtuvieron con información falsa”.

Verdessi agregó que “las empresas mintieron con respecto a las pendientes, porque el terreno tiene realmente pendientes superiores a los 30 grados, lo cual hace que sea absolutamente prohibido decepar esa zona. Ellos declararon una pendiente de 10, y es a la vista de que es mucho más. Esta situación nos hace pensar que se debería recurrir a tribunales ambientales, por lo que vamos a elevar las solicitudes necesarias. Además, los planes de manejo tampoco estuvieron en la página de transparencia, ya que al pedirlos no fueron entregados por oposición de la empresa. De acuerdo a la ley estos planes tienen que ser públicos y en la comisión investigadora quedó claramente establecido que es una falta el no tener estos planes a la vista.”

El diputado Diego Ibáñez, en tanto, agregó que “esta parte de Quilpué tiene especies endémicas que, fundamentalmente, en un contexto de crisis climática resulta de especial protección. Aquí, lamentablemente, ha sido la dirección de Conaf y ha sido el municipio quien en el proceso de actualización del Plan Regulador Comunal finalmente no detiene las obras de edificación y esto constituye un claro acto de corrupción. Aquí hay una red entre las inmobiliarias y el mundo público que está deteriorando la calidad de vida de los vecinos de Quilpué y está deteriorando el Bosque Nativo.

Ibáñez precisó, además, que “estamos haciendo los oficios correspondiente, repusimos una orden de no innovar en la Corte de Apelaciones para que esto no pueda seguir adelante y que la comunidad de Quilpué y que, particularmente, los vecinos y las personas que fueron detenidas ayer en Quilpué puedan beneficiarse de su cerro, su calidad de vida, sus familiar y no del negocio inmobiliario a costa de todas las y los quilpueínos.

El diputado Andrés Longton, en tanto, agregó que “Hoy vemos como Conaf no está cumpliendo con la ley. Oculta o derechamente no entrega información que es pública, en este caso, los planes de manejo. Al no entregar esta información es muy difícil que la comunidad tenga oportunidad de impugnar estos planes de manejo. Estamos hablando de una zona que tiene especies endémicas y que lamentablemente pareciera que hoy Conaf no está haciendo el trabajo como corresponde en el sentido de poder verificar la efectiva protección de dichas especies.»

Finalmente, señaló que “me parece sumamente grave lo que está pasando con Conaf y aún más grave lo que está pasando en nuestra región respecto a la construcción sin control por parte de las inmobiliarias, y la poca conciencia que hay con respecto a nuestra flora y fauna. Vamos a hacer todas las presentaciones que sean necesarias y en este caso creo que es importante ir a la Contraloría para que se determinen las responsabilidades administrativas y eventualmente penales, correspondientes”.

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