Nuevo proyecto de Fundación Emilia busca agilizar defensa judicial

Instruir a las víctimas de delitos viales sobre sus derechos frente a la justicia, mientras se ejecuta el seguimiento de su respectiva causa penal. Este es el objetivo del proyecto “Respuesta Primera Línea a Víctimas de Siniestros Viales. Atención y Acceso a la Justicia” de Fundación Emilia, el cual se implementa en Valparaíso y la Región Metropolitana desde enero de 2019.

El plan implica “traducir” la carpeta investigativa a un lenguaje que sea comprensible para las víctimas, a fin de otorgar orientación jurídica y contención, a la espera preparar la minuta de seguimiento de los casos. Lo anterior, sin costo para quienes lo soliciten.

Asimismo, las personas que por condición socioeconómica necesiten representación jurídica, serán derivadas al CAVD (Centro de Apoyo a Víctimas del Delito) dependiente de la Subsecretaría de Prevencion del Delito, donde en conjunto con Fundación Emilia se analizará el seguimiento de la causa.

Al respecto, la presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa, indicó que “acoger y orientar a víctimas de siniestros viales, ha sido uno de los objetivos centrales de Fundación Emilia desde su origen. La comunicación cercana e información temprana disminuyen los procesos de revictimización y forman parte de los derechos esenciales que, como ciudadanos, queremos proteger”.

Una opinión similar tuvo la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien explicó que esta iniciativa busca facilitar los procesos judiciales para las víctimas de delitos viales graves. “Muchas veces estas instancias pueden ser muy agotadoras, sobre todo para personas que han pasado por experiencias traumáticas. Este proyecto busca acompañarlas y entregarles todo el apoyo necesario para que aborden de mejor manera este proceso”, destacó.

Cabe resaltar que durante noviembre de 2018 el área de Fundación Emilia encargada de entregar gratuitamente asesoría jurídica y psicológica a las víctimas de delitos viales, corrió el riesgo de disolverse por falta de ingresos, pero logró mantenerse en pie tras el apoyo de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que financia este proyecto a través de su Fondo Nacional de Seguridad Pública.