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Más de 34 instituciones que atienden personas con discapacidad profunda y severa están en crisis por falta de pago de subvención de SENADIS desde enero

Hace cinco años el Estado de Chile definió traspasar los programas residenciales que atendían a los adultos con discapacidad desde el actual Servicio de la Niñez (ex SENAME) al Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS). Este cambio, no solo significó una fuerte reducción de la subvención pagada a un adulto con discapacidad, disminuyendo hoy a un 50% lo que recibirían si siguieran en SENAME; sino que además, suma un nuevo episodio de vulneración, ya que desde enero de este año las más de 34 instituciones en Chile que atienden a más de mil residentes, no están recibiendo la subvención.

El retraso en el pago ha generado un grave daño a todas las instituciones que ejecutan estos programas, ya que, al cierre del primer trimestre de 2024, SENADIS aun no transfiere los más de 3 mil millones comprometidos en los convenios de colaboración.  Debido a esta grave situación, la mayoría de las 34 instituciones afectadas, han debido endeudarse en préstamos con terceros para absorber los costos de lo que significa la atención de las personas con discapacidad profunda y severa; por lo que ya no están en condiciones financieras de seguir continuando con los programas.

Residencias afectadas

En esta situación están el Pequeño Cottolengo (Cerrillos, Rancagua y Quintero), además de Coanil, la Obra de Don Guanella y el Sanatorio Marítimo San Juan de Dios, entre otras, quienes se encuentran evaluando la continuidad de los programas, puesto que, al entrar al cuarto mes sin el pago de la subvención, se pone en riesgo la sostenibilidad de la atención.

Desde el año pasado, todas las instituciones han venido trabajando intensamente para que SENADIS dé cumplimiento a las obligaciones financieras de los programas, la cual debía ejecutarse en enero de este año. Ante la falta de respuesta, los distintos directores de estas residentes señalan que la situación que están enfrentado es la más crítica que han vivido en los últimos años, donde esperan que la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, pueda darle urgencia a esta crisis y se resuelva a la brevedad para no seguir afectando a una población ya vulnerada.

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