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En dependencias de la Universidad Federico Santa María, se desarrolló el Gabinete Pro Seguridad, instancia que fue encabezada por el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González y que contó con la presencia del Jefe Regional de la PDI, Prefecto Inspector, Guillermo Gálvez; el Prefecto de Carabineros de Carabineros de Valparaíso, Coronel Robert Morales; la Seremi de Justicia, Paula Gutiérrez; los delegados presidenciales provinciales de Petorca, San Antonio, Quillota, Marga Marga, Los Andes, San Felipe y el encargado regional de Seguridad de la Subsecretaria de Prevención del Delito Óscar Balcarce, para definir las prioridades en materia de seguridad que contemplarán intervenciones de diversas autoridades e instituciones.
Tras el Gabinete Pro Seguridad, el Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve comentó que “hemos definido prioridades, eso es lo que nos ha pedido el Presidente y sobre esas prioridades nos ha pedido gestión, o sea, que resolvamos todos los problemas que se puedan enfrentar para implementar esa medida. La primera es aumentar el porcentaje de fiscalización que se realiza en esta región en materia de las armas inscritas legalmente. Porque entre el 40 y el 50 por ciento de las armas que se usan para cometer delitos violentos, son armas que previamente estaban inscritas legalmente y que se dieron por extraviadas, por hurtadas o simplemente tal vez se usó un testaferro para comprarla, para pasarla a alguien que iba a cometer un delito”.
En este sentido, el Subsecretario Manuel Monsalve indicó que en la región hay alrededor de 90 mil armas inscritas, sin embargo, solo se fiscalizan cerca 6 mil de ellas, es decir un 7,5 por ciento, por ello, aseguró que “hemos acordado fiscalizar el 10 por ciento durante el año 2024 para hacer mucho más difícil que esas armas lleguen a manos de personas que cometen delitos”.
Entre las otras prioridades se cuenta el fortalecimiento al control de drogas. Al respecto, el representante del Ministerio del Interior destacó que “junto con la Policía de Investigaciones, hemos también acordado fortalecer el programa MT0, que va a investigar el tráfico de drogas, uso ilegal de armas, lavado de activos y estructuras criminales. Es un nuevo modelo de investigación que se va a implementar con la PDI también en la región de Valparaíso”.
El Subsecretario Monsalve también anunció para la región el bloqueo progresivo de la telefonía celular para la población penal de Chile, indicando que “se va a partir con el bloqueo al 20 por ciento de la población penal, seguramente durante el transcurso de las semanas que vienen. En el caso de Valparaíso, que hay cerca de 5.300 personas privadas de libertad, también se va a iniciar el proceso de bloqueo de telefonía celular. Y aspiramos a fines de este año o a principios del otro tener bloqueo de telefonía celular en el 60 por ciento de la población penal de la región de Valparaíso”.
Por último, la autoridad de Interior señaló que “la cuarta prioridad que hemos acordado, es la de fortalecer todas las capacidades tanto de Carabineros como de la PDI para la lucha contra el tráfico de marihuana, además de reiterar la identificación de los puertos como una tarea prioritaria […] incorporando a los puertos de la región al programa global de contenedores para tener más control y más fiscalización en los puertos de la región de Valparaíso”.
Respecto a las prioridades establecidas por el Gabinete Pro Seguridad, la Delegada Presidencial Regional de Valparaíso, Sofía González, comentó que “se definió aumentar los operativos, fiscalizaciones y capacidades instaladas del Estado para evitar que la región de Valparaíso se transforme en un polo productivo de la siembra de cannabis con todos los delitos que la acompañan, entre ellos utilización de armas de fuego, también los distintos enfrentamientos muchas veces que hay entre bandas delictuales territoriales”.
Con relación a las fiscalizaciones y controles, la representante del presidente en la región comentó que “es importante fortalecer la fiscalización de armas legalmente inscritas y que muchas veces son utilizadas también para la comisión de delitos violentos, lo que se suma al fortalecimiento de las capacidades fiscalizadoras, de análisis criminal y de inteligencia. Además, de enfrentar con medidas concretas, en este caso la instalación de inhibidores de señal en los centros penitenciarios para […] enfrentar la delincuencia que muchas veces se desarrolla tanto hacia el interior de los centros penitenciarios como también hacia el exterior”.
