Excluyen a municipios y Gobierno Regional como querellantes en caso megaincendio del 2F y juicio se aplaza por apelaciones

En el tercer día de la audiencia de preparación de juicio oral por el megaincendio ocurrido los días 2 y 3 de febrero de 2024, que cobró 139 víctimas fatales en Viña del Mar y Quilpué, el tribunal resolvió excluir como querellantes a las municipalidades de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, además del Gobierno Regional. La decisión se da en el marco de incidencias planteadas por las defensas respecto de la falta de legitimidad de estas instituciones para ser parte del proceso.

Esta decisión implicará que el juicio sufra un nuevo retraso, ya que las instituciones excluidas anunciaron que presentarán una apelación formal para ser parte de esta causa, lo que mantendrá el proceso en suspensión hasta que sea resuelto por la Corte de Apelaciones.

Al respecto, el abogado Jorge Valenzuela, de la oficina de Felipe Olea, que representa a familiares de más de 60 fallecidos en la catástrofe, detalló que “el tribunal ha resuelto finalmente que excluirán a las tres municipalidades ya anunciadas y al Gobierno Regional. Esta noticia es bastante positiva, la vemos con muy buenos ojos, toda vez que permite que estas instituciones no participen dentro del proceso ni incluyan o excluyan medios probatorios que de alguna u otra manera pudiesen beneficiar o entorpecer la otra arista que está actualmente en investigación”.

Por otra parte, el jurista reconoció que “sin embargo, esta dilación del proceso nos preocupa bastante, ya que el tiempo de espera en que se haga justicia respecto a esta megacatástrofe lo tienen que soportar nuestros representados”.

Por su parte, Geraldine Muñoz, representante del estudio jurídico de Felipe Olea, valoró la decisión del tribunal, pues “es totalmente básico que quienes podrían tener responsabilidad no pueden también intervenir como parte acusadora”. En tanto, precisó que ya “han pasado más de dos años desde la tragedia y las víctimas han debido enfrentar una constante revictimización al tener que sostenerse en este proceso que ha sido extenso y desgastante. Es por eso que nosotros apelamos a que el Gobierno adopte una postura clara, impulsando el cierre de estas causas y promoviendo el acuerdo con todas las familias afectadas, lo que permita finalmente avanzar hacia una reparación digna y oportuna, lo que todas estas familias merecen”.