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Tras un intenso debate en la Cámara, en la madrugada del sábado los diputados de Convergencia Social rechazaron gran parte del proyecto de protección al empleo presentado por el ejecutivo, por tres principales razones: el mecanismo para proteger las remuneraciones de los trabajadores provienen de sus seguros de cesantía y no de aportes de las grandes empresas; deja afuera a trabajadores a honorario, a desempleados y a quienes cotizaron por menos de tres meses seguidos en el seguro de cesantía, y confirma el criterio de la Dirección del Trabajo que permite la suspensión del pago de remuneraciones a trabajadores en el contexto de crisis sanitaria.
Con estos argumentos los parlamentarios de la colectividad exigieron al gobierno mayor flexibilidad en los requisitos para los trabajadores, la reducción del marco de cotizaciones y el compromiso del Estado para solventar las necesidades básicas de las personas, aunque no cuenten con seguro de cesantía.
Además, manifestaron que el bono de 50.000 pesos es insuficiente y solicitaron a la autoridad la postergación de deudas (créditos e hipotecas), la implementación de una renta básica universal que asegure un piso mínimo de subsistencia para todos y la suspensión del cobro de servicios básicos en el periodo que dure la pandemia.
La presidenta de la Comisión del Trabajo, Gael Yeomans, puntualizó que “el Gobierno debe responder con dar un marco de protección a todas y todos los trabajadores y no solo a quienes tienen contrato, una relación de dependencia y tres meses de ahorro en seguro de cesantía. Necesitamos respuestas para quienes están cesantes, quienes trabajan de manera informal, porque no puede ser que sean las familias quienes se lleven todos los costos de esta crisis y puedan sufrir pérdidas irreparables”.
En esta línea, el diputado Gonzalo Winter se refirió al origen de los aportes económicos para superar la crisis. “El aporte del gran capital se ha planteado de manera abstracta y eventual, mientras el aporte de los trabajadores se ha planteado de manera específica y presente, es decir, a través del dictamen de la Dirección del Trabajo y de la utilización de sus fondos de desempleo. Es preocupante que el proyecto no distinga por rubro, tamaño o ganancia de la empresa, no distinga entre fondo solidario y cuentas individuales y, sobre todo, que la única forma que se le ocurra al Estado para paliar la crisis sea vaciar los fondos de desempleo antes de una recesión que está por venir”, dijo.
Tercer trámite
Sobre la Comisión Mixta que sesionará mañana, la bancada propone que se elimine la interpretación de la Dirección del Trabajo que exime a empleadores de pagar sueldos a sus trabajadores y exigen que se aumente el porcentaje de remuneraciones que cubre el fondo de cesantía, y que se garantice la mantención de los pagos si es que los trabajadores son despedidos posterior a la crisis sanitaria.
También insistirán en contar con mecanismos de aporte estatal y de grandes empresas para que los empleadores continúen pagando parte de las remuneraciones, la salud y los seguros de acompañamiento a niños y niñas con enfermedades graves, además de la suspensión del pago de comisiones y cotizaciones en las AFP.
Así lo aseguró el diputado Diego Ibáñez quien expresó que “proponemos la inyección de recursos fiscales a las pymes, que sean pagadas con impuestos específicos progresivos por las grandes corporaciones y echar mano a los fondos de Defensa, además de una renta básica que permita dignidad para honorarios e independientes”.
A esto agregó que propuestas como “giros parciales de fondos de pensiones, congelamiento de cuentas de servicios básicos o intervención de la banca son plenamente viables en Estados de Excepción, pero falta voluntad política para distribuir con justicia los costos asociados a la Pandemia”.
