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Los diputados DC Víctor Torres, Gabriel Silber, Gabriel Ascencio y Raúl Soto valoraron hoy la resolución de Contraloría que señala que el Protocolo de Objeción de Conciencia al cual se apegaban centros hospitalarios y médicos que no deseaban realizar el procedimiento de aborto en 3 causales, no se ajusta a derecho.
Al respecto, el diputado y médico Víctor Torres señaló que “la verdad es que estábamos bastante tranquilos frente a la decisión que podría adoptar el órgano contralor frente al protocolo impulsado por el actual gobierno, y eso fue lo que inspiró a la diputada Marcela Hernando y al resto de los parlamentarios de oposición a presentar esta interpelación, precisamente porque según los antecedentes que manejábamos considerábamos que había varios vicios de ilegalidad que hoy día termina confirmando punto por punto la Contraloría en su dictamen”.
Torres agregó que “esperamos que de aquí en adelante su pueda remediar esta situación respecto estos hospitales que tienen objeción de conciencia y que finalmente prime el acceso y la garantía del acceso de las mujeres a las prestaciones que están establecidas en la ley. La contraloría establece, frente a la objeción de conciencia institucional, la imposibilidad que tiene una institución de acogerse a ella cuando es estatal o cuando es privada y recibe recursos públicos, porque se entiende como una institución homologada en el funcionamiento y por lo tanto se entiende como una institución pública también para estos efectos.”
El parlamentario DC indicó, también, que “sin lugar a dudas que el ministerio haya emitido este protocolo tuvo un efecto, esa es una cuestión que no se puede desconocer y frente a la presentación que nosotros hiciéramos, incluso frente a la voluntad que varios tuviéramos de poder ofrecerle al ministerio que modificara su protocolo, no hubo posibilidades de llegar a acuerdo y por lo tanto tenemos que evaluar precisamente cuales son los pasos a seguir, esta es una decisión que hay que tomar colectivamente y de manera responsable. Sin embargo, lo que esperamos , ahora, es que exista premura respecto de resolver la situación de acceso de las prestaciones que establece la ley, en lugar de andar buscando cabezas. Ojalá que el Presidente lo que pida sea premura para resolver situaciones como por ejemplo lo que vive la ciudadanía en Osorno y en otras comunas donde existe esta objeción de conciencia de los profesionales en un 100 %”
El diputado Raúl Soto, en tanto, señaló que “el protocolo impulsado por el Gobierno de Piñera era ilegal, no respetaba ni el corazón ni el espíritu de la ley de aborto en tres causales; la legislación es para respetarla. Lo que pretendió hacer el Gobierno es borrar con el codo lo que los legisladores habíamos escritos con la mano.”
El diputado Gabriel Ascencio, en tanto, señaló que “la resolución es clara y la valoramos: el Estado debe asumir el rol de reconocerles a las mujeres que enfrentan esta dolorosa decisión de interrumpir su embarazo en tres causales, de garantizar que cuenten con las condiciones para poder realizar este procedimiento médico. El Protocolo del Ministerio de Salud del gobierno del presidente Piñera obstaculizaba un derecho reconocido en la legislación vigente y hoy el Contralor lo explica con precisión y en forma contundente”.
