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Siete años estuvo en tramitación la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, hasta que finalmente, en marzo de 2024, logró su aprobación en el Congreso. Luego de pasar por el Tribunal Constitucional, esta ley marco entró en vigencia en junio de 2024. Se trata de una legislación que establece obligaciones para todas las instituciones del Estado involucradas y que, por ende, significa un cambio estructural en la estrategia con que nuestro país enfrenta y previene la violencia contra las mujeres.
“Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Que no lleva el nombre de una sola, porque es Una Ley en nombre de todas”. Este es el llamado de la campaña 2025 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que fue lanzada este martes 26 de agosto y que busca que la ciudadanía conozca esta normativa y exija su cumplimiento.
Para ello, la campaña de este año ejemplifica cinco cambios fundamentales que establece la ley: el fortalecimiento de las medidas cautelares, pues mandata su supervisión judicial para que efectivamente se cumplan; la incorporación de la violencia digital, pues establece sanciones a quienes exhiban, difundan o publiquen contenido íntimo sin consentimiento; la creación de un Sistema Integrado de Información para los casos de Violencia de Género, para que las víctimas no tengan que contar una y otra vez lo que vivieron; el reconocimiento de la violencia gineco-obstétrica, que ahora es tipificada como un agravante; y la provisión de servicios y acompañamiento para la reparación física, psicológica y social de las víctimas.
Estos son solo algunos de los cambios, pues la Ley Integral reconoce la violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos y refuerza la responsabilidad de los órganos del Estado en la protección de las víctimas. Además, exige una respuesta más eficaz desde todas las instituciones involucradas, garantizando acciones coordinadas de prevención, protección, atención y reparación.
En la oportunidad, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, destacó la relevancia de esta campaña: “Con esta actividad, estamos buscando llegar a la gran diversidad de mujeres que existe en nuestro país. Nosotras somos la mitad de la población y merecemos que los servicios públicos aborden nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia; un ítem que ahora está consagrado por esta normativa. Por lo tanto, invitamos a todas y todos a difundir este giro en la estrategia que ha tenido el Estado chileno contra la violencia de género y compartir la importancia de esta ley que lleva el nombre de todas”.
Al respecto, la seremi (s) de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Valparaíso, Claudia Espinoza Carramiñana, agregó “como parte del Gobierno del presidente Gabriel Boric estamos mandatadas a avanzar y nunca retroceder en los derechos de las mujeres. En esa línea, esta campaña nos invita a conocer y utilizar la ley de Violencia Integral, una normativa en nombre de todas, que reconoce a cada mujer y su historia.”
Complementando lo dicho, la directora regional de SernamEG Valparaíso, María Paz Rengifo Hardy, comenta que “lanzamos esta campaña porque queremos que todas las mujeres conozcan y accedan a lo que significa la Ley de Violencia Integral y a los cambios que trae consigo. Queremos que esta información llegue a cada hogar de nuestro país, porque esta ley es fruto de años de lucha de muchas mujeres y hoy representa un paso decisivo para garantizar justicia y protección a las víctimas: una ley en nombre de todas.”
Finalmente, la directora regional de Fundación Prodemu, Carrie Adriazola, invita a compartir la campaña, puesto que “esta campaña viene a robustecer la Ley de Violencia Integral que tenemos desde el año pasado. Por eso es fundamental que todas las personas la conozcan y difundan, para poder avanzar así en la erradicación de la violencia de género en nuestro país”.
¿De qué se trata esta Ley?
Promulgada en 2024, la Ley Integral reconoce, por primera vez en la historia de Chile, la violencia contra las mujeres como una vulneración a los derechos humanos y refuerza la responsabilidad del Estado en la protección de las víctimas, instando a una mejor respuesta desde las distintas instituciones involucradas en la prevención, protección, atención, protección y reparación de víctimas.
Dentro de las medidas concretas que establece la nueva ley se encuentran:
- Supervisión judicial para el cumplimiento de las medidas cautelares, por ejemplo, las órdenes de alejamiento.
- Atención jurídica y psicosocial gratuita y especializada para la reparación de las víctimas de violencia de género.
- Sanciones para quienes exhiban, difundan o publiquen contenido íntimo sin consentimiento.
- Un Sistema de Integrado de Información para que las víctimas de violencia de género no tengan que contar una y otra vez lo que vivieron.
- Una mayor coordinación entre instituciones, para impulsar y mejorar las políticas de prevención y abordaje de la violencia de género.
- Define 9 formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, violencia en el trabajo y gineco-obstétrica.
- Reconoce la violencia gineco-obstétrica y la tipifica como un agravante.
- Promueve la educación no sexista en establecimientos educativos.
- Reconoce como violencia de género aquella ejercida contra niñas, niños y adolescentes, con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras.
- Incluye las relaciones de pololeo como violencia intrafamiliar.
- Establece obligaciones para todos los órganos del Estado y más.
