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La iniciativa, impulsada por la Bancada del Partido Republicano y respaldada transversalmente por el pleno del CORE, fue defendida por sus promotores como una medida preventiva, técnica e independiente, orientada a reforzar la probidad y la confianza ciudadana en la gestión regional.
Con un marcado énfasis en la transparencia, la responsabilidad fiscal y el fortalecimiento de los mecanismos de control, los consejeros regionales del Partido Republicano, Cristián Fuentes y Elsa Bueno, valoraron la aprobación unánime de una auditoría externa al Gobierno Regional de Valparaíso, iniciativa impulsada por su bancada y que contó con el respaldo clave de los consejeros de Chile Vamos. Ambos coincidieron en que la medida no responde a una lógica de confrontación política, sino a la necesidad de establecer certezas en la administración de un presupuesto regional que supera los 111 mil millones de pesos.
El jefe de la Bancada Republicana del Consejo Regional, Cristián Fuentes, sostuvo que la solicitud de una auditoría externa constituye una decisión responsable y necesaria para resguardar el correcto uso de los recursos públicos. En ese sentido, remarcó que destinar un monto acotado a este proceso —en línea con experiencias previas en otras regiones— resulta plenamente razonable frente a la magnitud del presupuesto administrado por el Gobierno Regional. A su juicio, la auditoría debe entenderse como una herramienta concreta para fortalecer la transparencia, la probidad y la calidad de la gestión institucional.
Fuentes puso énfasis en que existen antecedentes recientes a nivel nacional que justifican la pertinencia de este tipo de revisiones externas. Recordó que en regiones como La Araucanía, Biobío y Antofagasta, auditorías de similares características permitieron detectar millonarios montos no rendidos, iniciar procesos de recuperación de recursos y, en algunos casos, dar origen a denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio fiscal. Bajo ese contexto, afirmó que estos mecanismos no sólo son pertinentes, sino urgentes, cuando se busca resguardar el interés público.
En el plano regional, el consejero republicano advirtió que Valparaíso no está ajeno a un escenario que exige mayores estándares de control. Enfatizó que existen observaciones vigentes de la Contraloría General de la República respecto de gastos que deben ser justificados, además de una investigación en curso vinculada al denominado Caso Convenios. Frente a ello, recalcó que la auditoría externa no constituye una acusación, sino una instancia técnica e independiente para despejar dudas, corregir eventuales irregularidades y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la gestión del Gobierno Regional.
Por su parte, la consejera regional por la provincia de Marga Marga y presidenta de la Comisión de Inversiones, Elsa Bueno, reforzó el planteamiento señalando que la auditoría externa representa una señal clara y concreta de transparencia. Desde su rol, sostuvo que cuando se administran recursos públicos de tal magnitud, el estándar de control no puede ser mínimo ni reactivo, sino preventivo y acorde a la responsabilidad que se tiene con los vecinos de la región.
Bueno coincidió en que los antecedentes conocidos a nivel nacional no pueden ser ignorados y que las auditorías externas han demostrado ser herramientas eficaces para detectar fallas en la rendición de recursos, proteger el patrimonio público y optimizar los procesos. En ese marco, indicó que estos procesos aportan información clave para fortalecer la gestión y evitar que situaciones irregulares se perpetúen en el tiempo.
La presidenta de la Comisión de Inversiones añadió que, en el caso de Valparaíso, existen observaciones de Contraloría aún pendientes de aclaración, investigaciones administrativas en desarrollo y causas judiciales en curso, elementos que podrían afectar la confianza ciudadana tanto en el Gobierno Regional como en el Consejo Regional como cuerpo colegiado. Frente a este escenario, insistió en que la auditoría externa no busca instalar sospechas ni realizar juicios políticos, sino establecer certezas y robustecer los mecanismos de control interno.
El oficio que formalizó la solicitud, presentado por la Bancada Republicana ante la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, establece que la auditoría deberá evaluar la ejecución presupuestaria y el estado financiero-contable del Gobierno Regional de Valparaíso durante el período correspondiente, abarcando programas de funcionamiento e inversión, transferencias de recursos, procedimientos de rendición y control interno.
Finalmente, los CORES Republicanos coincidieron en que la aprobación unánime de la auditoría externa representa una oportunidad para mejorar los procesos, fortalecer la gestión pública y demostrar con acciones concretas el compromiso del Consejo Regional con la transparencia, la probidad y el uso responsable de los recursos destinados al desarrollo de la Región de Valparaíso.
