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Hasta las dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio, llegaron las seremis de Justicia y de Gobierno, para compartir un desayuno con familiares de Alejandro Martínez, quién fue víctima en 2018 de un grave delito que le quitó la vida.
En la instancia, estuvieron Margarita González y Víctor Martínez, padres de Alejandro y quienes han tenido un rol activo en impulsar esta legislación. También se hicieron presentes, la diputada Camila Rojas, la delegada provincial de San Antonio, Carolina Quinteros y profesionales del Centro de Atención a Víctimas de Delitos (CAVD) Alejandro Martínez.
Sobre la promulgación de la ley, la seremi de Gobierno, Carolina Zapata indicó “La promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos es también un reconocimiento a la fuerza de las familias que han luchado por un Estado más justo y empático. Entre ellas, la familia de Alejandro Martínez, joven de San Antonio asesinado en 2008, cuya memoria ha inspirado una ley que busca que ninguna víctima ni su entorno enfrenten solos el camino de la justicia. Gracias a la perseverancia de sus padres, Margarita González y Víctor Martínez, hoy el país cuenta con una política pública que nace desde la ciudadanía, desde el dolor convertido en acción colectiva. Su ejemplo nos recuerda que las transformaciones más profundas son aquellas que surgen de la comunidad, de quienes no bajan los brazos y hacen de su historia un motor de cambio”.
Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez “sostuvimos una conversación junto a la madre y el padre de Alejandro Martínez, quienes han dado una lucha respecto de la existencia de una institucionalidad que permitiera dar orientación y representación jurídica, pero también atención psicosocial, a las víctimas de delitos violentos. La lucha que ellos han dado es la demostración de la necesidad que tenía nuestro país de contar con un servicio nacional, que unificara líneas de acción, criterios y tuviese cobertura mayor a la existente, dejando atrás la existencia de 4 corporaciones de asistencia judicial a nivel nacional. Como Gobierno abordamos con seriedad y responsabilidad la institucionalidad del sistema de justicia y que el proyecto haya sido despachado por el Congreso para convertirse prontamente en ley, es la demostración que podemos llegar a acuerdos en la institucionalidad que la ciudadanía demanda para mejorar el acceso a la justicia y hacer más eficiente al Estado».
Finalmente, la delegada provincial “hemos organizado este encuentro con Margarita y don Víctor porque esta ley ayudará a miles de personas para que las víctimas no enfrenten solas los procesos judiciales. Es un paso histórico. El Estado debe estar presente, acompañando y asegurando el acceso igualitario a la justicia”.
Algunos alcances de la ley
De acuerdo a la Ley, la institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial gratuita a víctimas de delitos. Dentro de sus principales objetivos, está la entrega de acompañamiento integral a las víctimas, representación legal gratuita y establece estándares de calidad y mecanismos de control en la atención de personas usuarias, avanzando hacia un enfoque de derecho y garantía para la ciudadanía en su acceso a la justicia.
