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El diputado Andrés Celis y la diputada Chiara Barchiesi cuestionaron públicamente la atención preferente que habría recibido la entonces directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca, quien, según denunciaron, accedió a una endoscopía en el Hospital de Quilpué en un plazo de tres días, pese a que 93 personas esperaban por el mismo procedimiento en ese recinto asistencial.
Celis sostuvo que en este caso están en juego principios que, a su juicio, son “intransables” e “irrenunciables”, entre ellos la probidad y la transparencia. En su declaración, afirmó que la exautoridad sanitaria “no respeta a estas 93 personas” al acceder al examen con carácter urgente, en circunstancias que otros pacientes permanecían en espera.
El parlamentario agregó que el procedimiento se habría realizado un sábado y que, además, se habría pedido que no quedara registro de la atención. Junto con ello, apuntó a una eventual represalia posterior, al señalar que una de las personas que colaboró en la redacción de una denuncia reservada ante la Contraloría General de la República fue destituida. “Eso nosotros como gobierno no lo vamos a permitir porque la transparencia y la probidad para nosotros son intransables”, señaló.
En la misma línea, la diputada Chiara Barchiesi calificó el episodio como grave y afirmó que en la actual administración “no habrá espacio para privilegios, mucho menos en la salud pública”. La legisladora sostuvo que no se trata de “un simple error”, sino de un “abuso”, al considerar que una directora se habría saltado la fila mientras cientos de pacientes esperaban por el mismo examen.
Barchiesi también hizo referencia a otros cuestionamientos vinculados a la gestión de la exdirectora, mencionando observaciones por nombramientos, eventuales irregularidades y una conducción que, según expresó, “perdió la confianza”. En ese contexto, respaldó la decisión adoptada por la ministra de Salud, May Chomalí, y por el subsecretario de Redes Asistenciales, a quienes atribuyó una resolución “correcta, necesaria y oportuna”.
La diputada enmarcó además el caso en una crítica más amplia al uso de beneficios o accesos diferenciados dentro del sistema de salud pública. A su juicio, situaciones de esta naturaleza dañan la confianza ciudadana y profundizan la percepción de inequidad en la atención sanitaria, especialmente cuando afectan a personas que esperan durante semanas o meses por una prestación médica.
Barchiesi comparó este episodio con controversias anteriores ocurridas en administraciones pasadas y sostuvo que ese tipo de prácticas no debieran repetirse. “Hoy las reglas son claras, la salud pública es para todos, no para los privilegiados”, afirmó. Añadió que cuando una autoridad “abusa de su cargo”, corresponde actuar “a tiempo”.
Las declaraciones de ambos legisladores se producen en medio de la controversia generada por la salida de la exdirectora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota-Petorca y de los cuestionamientos por la eventual vulneración del principio de igualdad en el acceso a prestaciones médicas. El caso ha puesto nuevamente en el centro del debate la gestión de las listas de espera, la trazabilidad de las atenciones y los mecanismos de control interno dentro de la red pública.
