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La diputada y senadora electa Camila Flores (RN) presentó un requerimiento ante la Contraloría General de la República luego de detectar posibles irregularidades en los contratos de trato directo que la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso celebró para labores de movimiento de tierra posteriores al incendio que afectó a la región.
En el oficio dirigido a la Contralora Dorothy Pérez, Flores detalla que las empresas San Nicolás SpA y Minera y Constructora Río Grande SpA. fueron contratadas por un monto aproximado de $6.725 millones para arriendo de maquinaria pesada, personal y combustible.
Sin embargo, la parlamentaria advierte que existen serias dudas respecto de la materialidad de los servicios prestados, ya que los contratos mencionan más de 150 máquinas, cifra que —según señala— sería incompatible con el territorio intervenido.
Además, la información recopilada indicaría que gran parte de dicha maquinaria ni siquiera habría estado en terreno, sin registros verificables que respalden su operación.
Asimismo, Flores alerta sobre una evidente discrepancia entre los avances reportados por la delegación y lo que debió ejecutarse considerando el volumen contratado, lo que podría implicar un uso ineficiente —o derechamente irregular— de recursos públicos.
La diputada solicita que la Contraloría investigue a fondo la legalidad de estos contratos, especialmente en materia de probidad, eficiencia y buen uso de fondos fiscales.
“Aquí podría haber un desorden administrativo gravísimo o algo derechamente peor. El Gobierno tiene la obligación moral de aclarar por qué se pagaron montos millonarios sin que exista certeza de que el trabajo se hizo. La reconstrucción no puede ser tratada como un negocio entre cuatro paredes.”
“La Delegación Presidencial de Valparaíso debe responder. No vamos a permitir que, en plena tragedia, mientras miles de familias aún sufren, se juegue con la plata de todos los chilenos. Esto huele mal y la Contraloría tiene que investigarlo a fondo.”
