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Las regiones de Valparaíso, El Maule y Tarapacá fueron testigos, en los últimos días, de brutales casos de maltrato animal en el país. En San Antonio, un perro fue encontrado golpeado y herido de gravedad en la vía pública y en Talca un hombre dio muerte a tres perros utilizando un objeto contundente, abandonándolos en la calle.
Si bien los hechos se encuadran en la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas (Ley Cholito), que sanciona el maltrato y el abandono de animales y contempla penas privativas de libertad y multas, para la diputada Carolina Marzán contar con Registro Nacional de Condenados por estos ilícitos “es indispensable, estableciendo una serie de inhabilidades para los autores de estos crímenes repudiables tengan además sanciones que les impidan acceder a una serie de beneficios o cargos públicos”.
Es por ello que, una vez más, insistió ante el Ejecutivo, oficiando a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, para que el Presidente de la República, “tal como se comprometió en su última Cuenta Pública, otorgue urgencia a nuestro proyecto”.
El objetivo del proyecto, explicó la diputada Carolina Marzán es “fortalecer la implementación de políticas públicas que pongan fin a las dolorosas escenas de animales abandonados, golpeados, hambrientos, encerrados, abusados y hacinados. No cabe duda que esta es una preocupación transversal, que cada vez más convoca a la ciudadanía y donde la ley Cholito evidentemente requiere modificaciones para abarcar la realidad actual, especialmente en lo que a maltrato animal respecta. Contar con este registro de condenados y aprobar las inhabilidades a las que se exponen los infractores es clave”.
El proyecto señala que “las personas registradas quedarán inhabilitadas de por vida para adoptar o adquirir animales; y ejercer cargos, empleos u oficios con contacto directo con animales”. Agrega que “se permitirá a las policías coordinar con organizaciones de la sociedad civil para resguardar animales maltratados en calidad de tenedores temporales. Se dispone la incautación obligatoria del animal si está en riesgo inminente; las policías podrán coordinar con organizaciones de rescate y adopción y se establece el deber del Ministerio Público de resguardar la integridad física del animal”.
El pasado 16 de abril se dio inicio a la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución, sesión a la que asistió la Ministra Secretaria General de la Presidencia, quien manifestó el patrocinio del proyecto por parte del Ejecutivo y entregó informe financiero para la implementación del registro y su actualización anual. “A más de cuatro meses de ese compromiso el Gobierno aún no da curso a la urgencia, debilitando con esto la confianza que se estableció al respecto”.
