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La diputada Chiara Barchiesi anunció una ofensiva fiscalizadora contra Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia, tras el cierre operativo del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe, que hoy alberga a cerca de 350 personas privadas de libertad y que funciona hace años en condiciones de sobrepoblación y hacinamiento.
En octubre, la Dirección Regional de Gendarmería de Valparaíso adjudicó la licitación ID 1953-47-LE25 por $37.808.872 IVA incluido a la empresa Constructora y Servicios Berroeta SpA para reparar los baños internos colectivos N° 2, 3, 9 y 10 del CCP. Sin embargo, según denuncias de gendarmes, durante la ejecución de las obras la empresa habría demolido muros estructurales y luego abandonado los trabajos, situación que terminó en un informe de ingeniería estructural que declaró el recinto inhabitable y en el traslado exprés de los internos a otros penales.
“En plena crisis carcelaria, cuando el crimen organizado está desbordado y necesitamos cada plaza penitenciaria, el Estado termina cerrando una cárcel por una obra mal gestionada. Aquí alguien tiene que hacerse responsable: la Dirección Regional y Nacional de Gendarmería, y también el Ministerio de Justicia”, planteó la diputada Barchiesi.
La parlamentaria cuestionó el comunicado oficial de Gendarmería, que se limita a hablar de “obras de mantención” y de la necesidad de redestinar temporalmente a los internos.
“El comunicado es escueto y complaciente: no explica qué pasó con la licitación por más de 37 millones, no dice nada sobre el abandono de la obra, no identifica a los responsables internos de supervisar estos trabajos y no informa plazos ni plan real para rehabilitar la cárcel de San Felipe. La ciudadanía merece transparencia, no comunicados vacíos”, agregó.
Barchiesi ingresó un oficio de fiscalización al Ministro de Justicia, solicitando todos los antecedentes de la licitación, la identificación de los funcionarios encargados de la supervisión, el estado del contrato, el monto y la ejecución de la boleta de garantía, la aplicación de multas por incumplimiento y copia íntegra del informe de inhabitabilidad junto con la identificación del profesional que lo emitió y los criterios técnicos de ingeniería de cálculo estructural que derivaron en esta medida.
Paralelamente, la diputada ingresará una presentación a la Contraloría General de la República, para que el organismo revise la juridicidad del proceso licitatorio, el cumplimiento de punitorios y garantías, y determine responsabilidades administrativas.
“No sólo se afecta a los internos. También se está golpeando a los gendarmes y funcionarios, que ahora tendrían que ser trasladados a comunas lejanas mientras sus familias siguen viviendo en Aconcagua. Este es un ejemplo de mala gestión, falta de planificación y desprecio por quienes sostienen el sistema penitenciario día a día”, enfatizó Barchiesi.
La parlamentaria adelantó que seguirá de cerca el caso y no descartó solicitar una sesión especial en la Cámara de Diputados que aborde esta situación, “para que la ciudadanía conozca en detalle qué se hizo con los recursos y por qué se llegó al extremo de cerrar una cárcel completa en una región que ya enfrenta serios problemas de seguridad y déficit de infraestructura penitenciaria”, explicó.
