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La Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso dictó este lunes sentencia definitiva en el conflicto que mantenía en alerta a la Salud Municipal de Viña del Mar. En una resolución unánime, el tribunal declaró arbitrarios e ilegítimos los actos administrativos de la Municipalidad y la Corporación Municipal (CMVM) que pretendían recortar unilateralmente los sueldos, protegiendo así el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley de más de 450 funcionarios.
El fallo es lapidario al establecer textualmente que el actuar de las autoridades comunales resultó «contrario a la justicia y la razón», al carecer de un fundamento serio y pretender que los trabajadores asumieran los costos de un déficit financiero ajeno a su responsabilidad. La Corte sentenció que la crisis presupuestaria no justifica vulnerar derechos adquiridos ni afectar el patrimonio de las familias de los trabajadores.
El fin de la tesis de la «inexistencia»
Uno de los pilares de la sentencia fue el reconocimiento judicial de la escala de sueldos histórica, cuya validez la administración de la alcaldesa Ripamonti negó sistemáticamente bajo la premisa de que «no existían acuerdos del Concejo Municipal en la materia».
Esta tesis fue desestimada gracias a la prueba clave presentada por el equipo jurídico del estudio Del Villar Abogados: las actas originales de los años 1995 y 1996, que demostraron ante la Corte que la estructura salarial siempre fue acordada legalmente entre los gremios, la CMVM y el Concejo Municipal. Con esto, el tribunal confirmó que la decisión de rebajar sueldos se basó en una premisa falsa, validando la historia y la carrera funcionaria de los profesionales.
El abogado Tomás Palacios, quien representa a 281 profesionales de la salud municipal en esta causa, valoró la resolución: «Hoy se ha restablecido el imperio del derecho en Viña del Mar. En un fallo unánime y contundente, la Corte de Apelaciones ha reconocido la existencia legal de la escala de sueldos que la Municipalidad y la Corporación intentaron negar. El tribunal dio por acreditado que hubo una vulneración flagrante a las garantías constitucionales de los funcionarios, específicamente a la igualdad ante la ley y al derecho de propiedad. Esta sentencia hace justicia y le devuelve la dignidad y la tranquilidad a más de 450 trabajadores de la salud primaria. Es una sentencia contundente: la Corte determinó que la Municipalidad actuó contra la justicia y la razón».
Por su parte, el abogado Rodrigo Garay, parte del equipo jurídico que lideró la estrategia probatoria, indicó: «Hoy se ha hecho justicia. El Tribunal ha confirmado lo que sostuvimos desde el primer día: no es tolerable que, mediante una decisión unilateral y carente de razón, se pretenda vulnerar las garantías constitucionales de quienes sostienen la salud pública. Ni las falsedades informadas a los concejales ni el desconocimiento de la historia funcionaria pudieron imponerse ante la evidencia objetiva presentada en el juicio».
Con este dictamen, quedan sin efecto inmediato el Acuerdo de Concejo y las resoluciones y decretos que rebajaban las remuneraciones, manteniéndose intacta la estructura salarial histórica de los profesionales de la salud viñamarina.
