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La Contraloría Regional de Valparaíso emitió cinco informes de auditoría que dan cuenta de graves deficiencias en la gestión de recursos destinados a enfrentar la emergencia provocada por el megaincendio de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso, involucrando a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura.
Pagos no acreditados en la Delegación Presidencial Regional
El Informe N°528/25, detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo. Se instruyó un sumario administrativo. En paralelo se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para las acciones que correspondan.
Irregularidades en ayudas y gastos en la Municipalidad de Quilpué
Según el Informe N°535/25 la Municipalidad de Quilpué presentó gastos improcedentes, tales como la compra de cocinillas sin certificación SEC y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas y en la gestión de personal y proyectos. Por ello, la CGR ordenó iniciar procedimientos disciplinarios y adoptar medidas correctivas.
Falencias en la gestión de la Municipalidad de Viña del Mar
El Informe N°503/25, evidenció irregularidades en el manejo de ingresos, gastos, donaciones y ayudas a damnificados por parte de la Municipalidad de Viña del Mar, entre febrero de 2024 y abril de 2025. Se constataron problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas. La Contraloría iniciará un sumario administrativo y la regularización de los procesos observados.
Pagos indebidos en demoliciones de viviendas siniestradas por parte de la Dirección Regional de Arquitectura
Las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso arrojaron diversas irregularidades. El Informe Final N°805/25, detectó un pago indebido superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, junto con graves deficiencias en contratación y control interno, instruyéndose un sumario administrativo.
Sobreprecios y falta de respaldo por demoliciones en el sector El Olivar
En tanto, el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en demoliciones del sector El Olivar, con irregularidades en la adjudicación, sobreprecios y deficiencias en los respaldos, por lo que la Contraloría ordenó un sumario administrativo y solicitó el expediente del procedimiento instruido por la Fiscalía Nacional del MOP, para que sea la propia CGR quien continúe con su respectiva tramitación.
La Contraloría General reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y resguardar la legalidad y
transparencia en contextos de emergencia, instruyendo medidas disciplinarias, correctivas y acciones legales en los casos que corresponda.
DECLARACIÓN DE MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR
Frente al informe de la Contraloría General de la República sobre la entrega de ayuda a los damnificados por el megaincendio, la alcaldesa Macarena Ripamonti aclaró que “es indispensable contextualizar con mucha honestidad y responsabilidad la magnitud de lo que ocurrió en la ciudad de Viña del Mar: aquí hubo más de 5 mil viviendas afectadas, más de 6 mil familias damnificadas por el incendio y se quemó cerca del 30% total de la comuna. Esas proporciones son históricas no solamente para Viña del Mar sino para todo el país”.
La jefa comunal recordó que “en la primeras horas, días y semanas, la gente no tenía nada: ni sus casas, ni sus documentos; no existían redes de apoyo y la necesidad de entregar agua, materiales, comida y, por sobre todo, alimentos, era algo que no íbamos a dejar de hacer porque las personas no tuvieran un carné de identidad o porque todavía no contaran con una Ficha Básica de Emergencia”.
Por ello, Ripamonti comentó que “en la gran mayoría de los casos, tal como indica el informe, existe una trazabilidad impecable de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional, exigir que existan manuales de procedimiento y un sistema registral perfecto para una emergencia de estas características es insostenible y nosotros vamos a defender que a la gente había que entregarle carpas, alimento, agua, luz y todas las necesidades que tenían, desde bloqueadores hasta una pala para sacar escombros, aun cuando todavía no tenían sus carné de identidad porque éstos estaban quemados”.
“Por lo tanto -afirmó la alcaldesa- creemos que la institucionalidad en torno a incendios tiene que seguir cambiando; tiene que existir una forma de responder a esto con mucha probidad, con mucha trazabilidad pero no perdiendo de vista que cuando el Estado se entrampa en burocracias y exige fichas básicas de emergencia para entregar alimentos, es que el mundo privado llega primero y así la credibilidad del Estado se pierde y lo vemos nuevamente, del mismo modo, en la actualidad en los incendios del sur de Chile”.
Cabe precisar que en el mismo informe de Contraloría, se destaca que existe una trazabilidad de las ayudas entregadas, considerando la magnitud operacional que se instaló apenas ocurrida la emergencia.
Es así que durante las primeras horas de la emergencia fue prioritario proveer carpas para pernoctar, kits de aseo personal entre otras diversas ayudas básicas. Esto se hizo de manera rauda, algo que la burocracia administrativa del estado realenta. Tal como se ha evidenciado en los recientes incendios en las regiones de Ñuble y Biobío, los retrasos en la entrega de ayuda generan un daño adicional. En contextos de emergencia, se debe actuar con rapidez.
Respecto de las donaciones, éstas se entregaron en su totalidad, algunas se realizaron de manera directa y otras se coordinaron posteriormente, una vez que las personas contaban con una solución habitacional, a solicitud de ellas mismas. En esos casos, se accedió a entregar las ayudas cuando fueron requeridas.
En relación con las fichas FIBE, y dado que cientos de damnificados no contaban con su cédula de identidad producto del incendio, a medida que fueron obteniendo su nuevo documento, se les entregó la colaboración correspondiente.
Finalmente, en el informe no existe reparo alguno en el manejo de los recursos. Solo se han identificado situaciones que deben ser mejoradas y subsanadas, lo que demuestra que la totalidad de los fondos se encuentra debidamente rendida y conforme a la normativa vigente.
