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Según cifras de Conaf, en lo que va de la temporada 2025-2026 de incendios forestales, se han registrado 2.034 siniestros en el país, los que han destruido más de 11,948,4 hectáreas. Solo entre el lunes 22 y el domingo 28 de diciembre se iniciaron 181 incendios forestales -4 de ellos concentran la mayor cantidad de superficie quemada, con más de 2.200 hectáreas-, los que a la fecha se encuentran en su mayoría extinguidos, aunque 3 siguen en fase “controlada” y 2 aún están “en combate”.
Y, para esta semana, Conaf ha advertido que las condiciones meteorológicas son altamente riesgosas en 64 comunas, producto de las altas temperaturas que se registrarán y a los vientos esperados en esos territorios. Para Silvana Espinosa, geógrafa experta en Ecosistemas y Clima en Greenpeace, no sólo es relevante que el Estado siga destinando dinero al combate de estos siniestros, sino que recalca la urgencia de fomentar políticas públicas que solucionen este creciente problema de raíz.
“En los últimos años hemos visto una ocurrencia dramática de incendios forestales, pese a que el Estado ha comprometido progresivamente más recursos para combatirlos -de hecho, más que doblando lo destinado en la temporada 2021-2022, por ejemplo-. Por eso, el llamado es a avanzar con regulaciones, leyes y políticas públicas que se hagan cargo de las urgencias en la interfaz urbano-rural del país, así como una mayor ambición en medidas de mitigación climática que permitan salvar las vidas, casas y medios de sustentos de las poblaciones más afectadas por los incendios”, comenta la geógrafa.
Miguel Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, además advierte que la ocurrencia de incendios forestales está fuertemente asociada a la actividad humana (con un promedio de 98,7%) y en muy menor medida a eventos naturales, lo que varía fuertemente en cada rincón del país, debido a la diversidad de actividades en los distintos territorios y las especificidades sociales, económicas y culturales. “Preocupa fuertemente el alza en la intencionalidad de incendios, y también el uso negligente o irresponsable”, reconoce el docente y recuerda la importancia de revisar constantemente el calendario de quemas, para considerar las condiciones climáticas y meteorológicas que podrían favorecer la propagación de incendios.
Respecto de lo que podríamos esperar en esta materia para la temporada estival, los expertos son categóricos: “Las olas de calor y cantidad de días seguidos por sobre los 30°C marcarían una especial condición de severidad meteorológica, aumentando con ello la condición de peligro frente a nuevos incendios”, asegura Castillo, mientras Espinosa destaca que 2025 fue un año predominantemente seco en las zonas centro y sur del país, agravando el estrés hídrico en las regiones más afectadas por incendios y, por lo tanto, aumentando las probabilidades de su ocurrencia.
Intencionalidad y negligencia: los verdaderos promotores de un incendio
Durante años se ha hablado de la ecuación 30-30-30 (es decir, temperaturas superiores a 30º C, vientos de 30 kph y 30% de humedad ambiental) como una de las principales alertas medioambientales a tener en consideración para evaluar el riesgo de incendios en un territorio.
Sin embargo, para Miguel Castillo esta es una aseveración sin verdadera base científica. “En efecto, hoy es totalmente normal encontrar temperaturas medias diarias por sobre los 35°C, vientos por sobre los 40 kph y humedad de 25%, con lo cual una condición 35-40-25 se podría ajustar más a los tiempos presentes”. Al respecto, el experto explica que en grandes incendios, como el ocurrido en 2024 en Viña del Mar y Quilpué, las condiciones meteorológicas reportadas de forma previa al siniestro eran similares a un 28-45-30, por lo que estos indicadores son de ayuda, pero deben ser abordados con flexibilidad y entendiendo que un incendio necesita un factor gatillante para comenzar, que es el encendido inicial.
Para Silvana Espinosa este es un factor primordial, y por eso se hace necesario contar con un marco normativo que contemple sanciones más duras para las personas que por intencionalidad o negligencia sean responsables de la declaración de un incendio forestal. “Llevamos años esperando que el Senado termine la tramitación del proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, que además de entregar más herramientas legales y administrativas para disminuir el riesgo y los efectos de incendios forestales mediante planificación territorial (en zonas de interfaz y amortiguación), impone tanto obligaciones de manejo preventivo en predios de mayor amenaza, como un régimen de fiscalización y sanciones más eficaz”, puntualiza la geógrafa de Greenpeace.
