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La Corte Suprema ratificó el fallo emanado de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el que a su vez confirmó la resolución administrativa sancionatoria de la Dirección Regional del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). A través de este procedimiento administrativo se sancionó a una empresa pesquera al pago de una multa de 1000 UTM por el descarte de pesca incidental de especies hidrobiológicas.
Los hechos se remontan a diciembre de 2022, cuando el Servicio inició el Procedimiento Administrativo Sancionatorio (PAS) en contra de la pesquera. Esto, en el marco del sistema de fiscalización del descarte y la pesca incidental implementado por Sernapesca desde 2020, a través de los Dispositivos de Registro de Imágenes (DRI) instalados en la flota industrial, en la que la Unidad de Descarte de la Subdirección de Pesquerías detectó que la tripulación de una nave inscrita en los registros correspondientes de Sernapesca para la extracción de jurel y otras especies asociadas, devolvió al mar merluza común, especie que está en estado de sobreexplotación o colapso.
Dicha acción, de acuerdo a la Ley General de Pesca y Acuicultura, es conocida como descarte y constituye una infracción grave a la legislación vigente, al constatarse el incumplimiento de la normativa pesquera.
Producto del descarte de estas dos toneladas de pesca se aplicó una sanción a la pesquera de 1000 UTM, por infringir la normativa relativa al descarte. En junio de este año, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la empresa para dejar sin efecto las multas y el reclamo de incompetencia respecto del PAS efectuado por Sernapesca, decisión que fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema.
Jorge Garrido, Director Regional de Sernapesca Valparaíso, destacó la decisión del máximo tribunal, que respalda el trabajo en materia de gestión del cumplimiento normativo, por parte del Servicio. “La confirmación de sanciones en el marco de los procedimientos administrativos que lleva a cabo Sernapesca, por parte de la Corte Suprema, ratifica la labor de gestión del cumplimiento normativo que realiza el Servicio a través del uso de herramientas tecnológicas, que se convierten en instrumentos de alto valor probatorio para la identificación de incumplimientos normativos. Reducir los descartes es un objetivo prioritario para garantizar la sostenibilidad de la pesca, por sus consecuencias sobre la disponibilidad de los recursos y el impacto medioambiental asociado a las alteraciones sobre los ecosistemas”, mencionó.
